Olvidados y marginados

Velan por nuestra seguridad en aeropuertos, líneas férreas y en espacios de importancia estratégica. Hombres y mujeres a quienes se les puede ver en instalaciones del Ministerio de Defensa. También en grandes superficies comerciales, fábricas y en cualquier otro lugar que imaginemos. Buena parte de las labores que antes realizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hoy recaen sobre ellos y ellas.

Popularmente les hemos conocido como “seguratas”. Es un sector profesional que no tiene gran consideración en la sociedad y mucho menos entre la policía, que les ve como unos intrusos. Hoy los trabajadores de las empresas de seguridad privada son unos parias de la tierra, a quienes los poderes políticos (y los empresariales) no les tienen la mínima consideración. Con salarios de 500 y 700 euros, lo tienen muy difícil.

Existe una mafia de empresas, sobre todo en las islas Canarias, y vinculadas a cargos del PP, que cada día les pone en peor situación. El Gobierno es consciente de ello, como también lo son quienes, en esta época del pelotazo, prefieren aprovechar al máximo la falta de compromiso de los poderes políticos.

Efectivamente, los trabajadores de las empresas de seguridad privada en las últimas dos décadas han perdido aproximadamente un 30% de su poder adquisitivo en comparación con otros sectores. La situación en el sector es insostenible: la no aplicación del IPC de referencia, tanto por las diferentes patronales como por los sindicatos firmantes del convenio sectorial estatal, ha dado lugar a congelaciones y rebajas salariales, generándose una situación insostenible para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Conocedores de la situación, hace unos meses desde el Senado formulamos al Gobierno unas preguntas:

¿Tiene el Gobierno conocimiento de este tipo de actuaciones de empresas que prestan sus servicios en la administración púbica, especialmente en Defensa?

¿Tiene previsto el Gobierno la inclusión de cláusulas en todos los concursos públicos, cuyo objetivo sea el de garantizar y controlar, que estas empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social y tributaria?

¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar, para garantizar los derechos de los trabajadores, así como el cumplimiento íntegro del convenio estatal?

¿Qué opinión le merece al Gobierno que las ofertas de licitación temerarias suelan acabar en la mayoría de los casos, en despidos masivos, consecuencia de no poder hacer frente a las deudas generadas por las empresas adjudicatarias y que la administración no controla?

La respuesta del Gobierno se hizo esperar, y en la misma línea de siempre, no supuso aclaración alguna, y menos aún respuestas concretas a las preguntas formuladas. Medias verdades y medias mentiras.

Hace poco, Defensa adjudicó a dedo 100 contratos al líder de la seguridad ‘low cost’ para vigilar sus instalaciones durante tres meses. Se trataba de la empresa Seguridad Integral Canaria. Hay otras empresas como Sinergias de Vigilancia y Seguridad o Marsegur que, en opinión de los sindicatos, son marcas blancas del empresario canario Miguel Angel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico, y más tarde amnistiado, pendiente de un nuevo juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros.

Para que ustedes se hagan a la idea, empresas como Sinergias fijan salarios bases de 660€ mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el Convenio del sector, y además solo paga un plus de nocturnidad a seis céntimos la hora. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.

Está claro que no todas las empresas de seguridad son iguales. Pero miren, aprovechando que “el Pisuerga pasa por Valladolid, el más tonto hace relojes”. Así, los más afortunados tienen un sueldo base de 908,24 y reclaman que una subida a 1.000 € seria lo mínimo. ¡Vaya barbaridad!

No es de extrañar que, ante una coyuntura tan difícil y complicada, los trabajadores del sector vayan a concentrarse el 27 de junio en la Plaza de España de Madrid. Desde ahí caminarán hasta Sol, por un convenio más justo.

Se movilizarán, por dignidad.

Fuente: Huffingtonpost

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