El Gobierno exige a los empresarios que paguen seguridad en la frontera de Ceuta

Los dueños de las naves del Tarajal se niegan a costear el control del paso de porteadores por sus polígonos. La Ciudad Autónoma envía a desempleados de larga duración a colaborar en la vigilancia mientras se decide quién paga la seguridad.

La seguridad del paso de Tarajal II en Ceuta está en manos de 12 agentes de seguridad de la empresa privada Prosegur, que controla el flujo de 4.000 porteadores diariamente. El número lo pactaron las administraciones española y marroquí. Vicente Medina, delegado provincial de esta empresa en Ceuta y Melilla, explicó a EL ESPAÑOL que tienen que encargarse de unos metros del polígono “aunque no es competencia nuestra”. Allí se produce el primer filtro de porteadores que se divide en dos filas de hombres y mujeres. En cuanto a la seguridad, afirma que “el peligro siempre lo habrá. La seguridad 100% no existe“.

Y de que no existe dio cuenta la Policía Nacional en un informe que entregó a la Delegación de Gobierno, donde hace mención a las “disputas, aglomeraciones y avalanchas que constituyen un riesgo cierto para las personas, como constatan las frecuentes lesiones que sufren los porteadores y que podría llegar a producir fallecimientos, como ya ocurrió en el año 2009″.

A partir de este documento, la Delegación exige que los empresarios de los cuatro polígonos del área por donde cruzan los porteadores se responsabilicen de contratar la seguridad por tratarse de un recinto privado.

La seguridad de Tarajal II está en manos de 12 agentes de seguridad de la empresa privada Prosegur, que controlan el flujo de 4.000 porteadores diariamente.

PLAN DE SEGURIDAD

Los afectados son un centenar de empresarios mayoristas que suelen dar salida a su mercancía a través de los coches que entran desde Marruecos por la frontera de Tarajal. En varias reuniones mantenidas esta semana han acordado no hacer frente al requerimiento del Gobierno que les exige responsabilizarse del pago de la seguridad.

Según explicó Antonio Gómez, asesor de fronteras de la Delegación del Gobierno de Ceuta, se les ha dado dos semanas para que presenten “un plan de seguridad según una ley gubernativa” que regula los espacios privados susceptibles de que personas corran riesgos.

El Movimiento para la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha representado y dado voz a los empresarios en la junta de portavoces y le ha solicitado al alcalde de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que “se reúna con los empresarios y escuche sus peticiones”.

La diputada Fatima Hossain y representante de este partido, también le pidió en una reunión al delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, que “escuche a los empresarios que son los que están allí las 24 horas, y conocen la realidad de primera mano, máxime cuando les quieren implicar en la contratación de la seguridad privada”. La diputada ceutí cree que “si no a pocas soluciones se va a poder llegar”.

LOS EMPRESARIOS NO VENDEN

Sin embargo, los empresarios que no distribuyen bultos se quejan de queno venden desde hace mes y medio porque el polígono queda cerrado al tráfico rodado de lunes a jueves de 8 a 13h. Además la mercancía desde el 27 de febrero que se abrió el Tarajal II está delimitada a un fardo de 40×60, que tienen que pasar por un arco y si excede las medidas se queda fuera.

“¿Qué pasa si una señora se quiere comprar una cocina? ¿La cortamos por la mitad para que entre por el arco?”, se queja a EL ESPAÑOL un empresario que vende electrodomésticos. Y muchos empresarios coinciden que este nuevo paso “está hecho solo para los bultos”.

Rocío Novoa es gerente de una tienda de ollas en el polígono y una de las personas afectadas porque las colas de portadores pasen por el medio del recinto. Mientras cuenta a EL ESPAÑOL la situación, entra en la tienda una mujer marroquí y compra varias ollas de hierro. Hafida, la dependiente, tiene que ayudarla a colocarse la mercancía a modo de fardo a la espalda dentro de una sábana “porque si no, no la dejan pasar”, explica.

Si le requisan el bulto por superar las medidas o no estar precintado pierde su dinero, porque ya ha pagado como una cliente cualquiera. “De éstas ya no quedan muchas. La mayoría de la mercancía que se pasa en bultos cerrados no se compra aquí”, se queja Hafida.

Una porteadora deja su bulto de 60 kilos a la puerta de una nave que vende mantas y paga 20 euros por una. El dependiente le ayuda a colocarla alrededor de su cuerpo debajo del fardo para que no tenga problemas al pasar el control. El propietario que ha estado unas semanas en la península dice que está “sorprendido” y asegura que para su negocio es “peor” porque no pueden meter tanta mercancía como antes. Se refiere a los bultos de más de 100 kilos y hasta de 3 metros de altura que tapaban por completo los cuerpos de los porteadores, por lo que podían llegar a ganar entre 80 y 100 euros.

CONTRABANDO EN LOS BULTOS

“¿Qué ganancia pueden obtener los empresarios pasando paquetes de calcetines o trapos y pagando esos precios tan elevados a los porteadores?”, se pregunta Antonio Borrego, director y responsable de dos empresas privadas de seguridad. Este militar destinado en Ceuta, que se encargó dos años de la frontera, asegura a EL ESPAÑOL que realmente en la parte central de algunos bultos, bien mullidos por fuera con ropa, “se ha cogido alcohol, tarjetas telefónicas y teléfonos móviles de alta gama“.

Hasta que se decida quién paga la seguridad, la Ciudad Autónoma envía a poner orden a parados de larga duración del Plan de Empleo.

Según un empresario de Tarajal, que quiere mantener el anonimato, “esto es la jungla. Hay una mafia institucionalizada que marcan el precio y controlan esto”. Más de una veintena de naves, que “la autoridad competente tiene localizadas” porque están denunciadas por la Comunidad de Propietarios, “almacenan un número de bultos que entran en Ceuta de una manera un tanto peculiar”. Continúa explicando que “son marroquíes que no pagan impuestos, son testaferros con mercancías de diferentes partes del mundo que entran desde la península”.

Hossain denuncia que estas empresas “solo se enriquecen a base de la imagen y la dignidad, fundamentalmente de mujeres porteadoras”. Y Borrego indica que son alrededor de 20 ó 25 y “no cumplen la normativa, no tienen documentación ni pagan los seguros sociales”.

Los dueños de las más de 200 naves buscan soluciones como que sus naves sean trasladadas a otra zona fuera del Tarajal, que se abra otro paso para comercio “atípicos” en otro lugar o incluso que se unifique el precio de bulto de porteadora a 10 euros para que se reduzca el tránsito.

PARADOS VIGILANDO

Por el momento y hasta que se decida quién paga la seguridad, la Ciudad Autónoma envía a poner orden a personas del Plan de Empleo que no quieren hablar con este diario “porque en principio no deberíamos estar aquí”. Este ciudadano ceutí trabaja desde las siete de la mañana en la valla que cierra el polígono de Tarajal por donde pasan los 4.000 porteadores.Se encarga de controlar las filas y de poner orden.

Un responsable de fronteras, un asesor de la Delegación de Gobierno y el Delegado de Prosegur se dejaron ver en el acceso al Tarajal II el lunes por la mañana cuando se sucedieron las avalanchas, pero tuvo que actuar finalmente la Unidad de Intervención Policial (UIP). El propio Delegado del Gobierno estuvo el martes en la otra frontera, la de Tarajal, por donde pasan los ciudadanos, turistas, vehículos y trabajadores, para controlar el colapso de portadores que intentaban entrar por allí y los cortes de dos horas que realizó la frontera marroquí.

Desde Interior, se alabó la creación del paso fronterizo Tarajal II. El ministro Juan Ignacio Zoido durante una reunión con su homólogo marroquí en el mes de diciembre aseguró que “el paso del Tarajal II va a beneficiar y facilitar las relaciones entre los vecinos de Ceuta y de Marruecos”.

Fuente: El Español

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