Tres acusados de torturar a un menor once horas con correas psiquiátricas

El excoordinador del Centro de Menores de Mesa Ponte, en La Laguna, Juan Francisco D.S. y los vigilantes Homero Alfonso S.R. y Antonio M.R.L son juzgados esta semana como presuntos autores de un delito de torturas a un menor. La Fiscalía pide un año y medio de prisión para cada uno de ellos, inhabilitación absoluta durante seis años y que asuman una responsabilidad civil de 10.000 euros. La Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno, la Fundación Ideo y Seguridad Integral Canaria están considerados responsables civiles subsidiarios.

Los hechos se remontan a finales de 2004, cuando el menor fue sometido durante 11 horas a medidas de separación de grupo y contención mecánica mediante correas psiquiátricas desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche del 19 de noviembre. El interno permaneció acostado e inmovilizado. Por esta razón no pudo comer, beber o ir al baño, de manera que se orinó encima. Un cúmulo de circunstancias que, para la Fiscalía, supuso “un atentado contra su libertad, dignidad e integridad física y moral”. El 25 de noviembre el menor fue, de nuevo, sometido a estas medidas entre las diez de la noche y las dos de la madrugada. Como consecuencia, el joven padeció un síndrome ansioso depresivo que requirió de apoyo psicológico. La Fiscalía acusa al excoordinador de tener conocimiento de esas acciones y no haberlas impedido como superior jerárquico de los otros implicados. Dicho acusado dijo que aquellos días estaba de baja por la operación en un ojo y firmaba documentos que le indicaban otros cargos. Duda de que los hechos ocurrieran así y cree que el castigo no se hizo de forma continua, sino intermitentemente durante esas horas. H.A.S.R. era jefe de seguridad pero señaló que solo actuaban cuando lo indicaban desde Ideo. La Fiscalía lo acusa de dar órdenes para aplicar estas medidas. Así lo hizo A.M.R.L., vigilante de Seguridad y quien, según el fiscal, para atentar contra la dignidad y la integridad del menor, colocó y mantuvo las correas de contención sobre el mismo en las dos ocasiones mencionadas. Su defensa se basó en argumentar que no recordaba los hechos, que probablemente aplicó las medidas, pero que lo hizo por indicación del personal técnico. En su momento, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y la Fundación Ideo suscribieron un convenio para que esta entidad gestionara el centro de Mesa Ponte, mientras que Seguridad Integral Canaria asumió la vigilancia. Esta compañía adquirió a finales de 2004 unas correas de contención psiquiátricas, pese a que su uso no estaba previsto en ninguna disposición legal o reglamentaria, ni en la ley de protección del menor.

Para la Fiscalía, no se respetó el protocolo de actuación, ni en la duración de su aplicación ni en la proporcionalidad de la medida. Esta práctica quedó prohibida desde que la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Menores tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Fuente: El Dia

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