USO denuncia que la concentración de Alcor fue un “espectáculo humillante para los trabajadores”.

El sindicato USO cree que la concentración de ayer frente al juzgado de Monforte demuestra “la falta de escrúpulos” de los responsables de esta empresa.

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO  (FTSP-USO) considera que la concentración de un grupo de empleados de Alcor frente el juzgado de Monforte en apoyo del gerente de la empresa fue un “espectáculo humillante para TODOS los trabajadores”. ‘No solo para los trabajadores de esta empresa, sino de todo el sector’.

El gerente de Alcor, Carlos Somoza, había ido al juzgado porque estaba citado para declarar en una investigación sobre tráfico de influencias.

Iván Blanco, secretario estatal de organización de la FTSP-USO, sostiene que lo ocurrido el miércoles en Monforte es “una muestra más de la falta de escrúpulos de este empresario al utilizar a sus empleados para lavar su imagen ante la opinión pública”. Blanco promete que USO responderá “con la contundencia debida ante estos ataques y humillaciones hacia la masa social del sector de la Seguridad Privada”.

USO ejerce la acusación particular en el la denominada operación Muro, que investiga si Somoza y otros directivos de Alcor cometieron delitos contra Hacienda, la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores en la gestión de esta empresa.

Fuente: La Voz de Galicia

El gerente de Alcor va al juzgado jaleado por cincuenta trabajadores

Carlos Somoza tuvo que declarar en una investigación sobre tráfico de influencias.

El gerente de la empresa de seguridad privada Alcor declaró ayer en el juzgado de Monforte en el marco de una investigación sobre tráfico de influencias. Se trata de una causa abierta a raíz de las escuchas telefónicas de la denominada operación Muro, que provocó hace un año la detención de media docena de directivos y el registro en Monforte de la sede central de esta empresa. Alrededor de cincuenta trabajadores de Alcor se concentraron ayer en el juzgado para mostrar su apoyo a su jefe y su rechazo a los sindicatos que llaman «pirata» a esta empresa por pagar sueldos por debajo de lo que establece el convenio general del sector.

El gerente de Alcor, Carlos Somoza, había sido citado a declarar a media mañana en el juzgado número dos de Monforte. Cuando él y su abogado llegaron, en la puerta del juzgado lo esperaban ya un nutrido grupo de trabajadores de la empresa. La mayoría llevaban petos fluorescentes con el nombre de Alcor grabado y algunos portaban carteles en los que se leía «Yo sí trabajo en Alcor», «Ni Alcor ni nosotros somos piratas» y «Fuera sindicatos que no nos representan».

Somoza volvió a salir a eso de las doce y media del mediodía. Sonriente y aparentemente relajado, fue saludando uno por uno con apretones de manos a los trabajadores que lo esperaban en la calle. Preguntado por los periodistas, su abogado aseguró que lo que el juzgado investiga es la adjudicación de un contrato público en Canarias en la que él sostiene que no hay tráfico de influencias. La policía sospecha que sí por una conversación telefónica interceptada dentro de la operación Muro entre Carlos Somoza y otra persona. Según el abogado, esa conversación grabada se produjo cuando la adjudicación de ese contrato público «ya estaba concedida». Él confía en que el asunto no llegue a juicio. «Esperamos que esta causa se archive -precisó Somoza-, como otras que ya se han archivado».

Teléfono intervenido

En la operación Muro, que se abrió en el 2014, la Policía Nacional obtuvo permiso judicial para intervenir el teléfono del gerente de Alcor. Agentes de la unidad policial que se dedica específicamente a controlar la actividad de las empresas de seguridad privada transcribieron y entregaron en el juzgado de Monforte numerosas conversaciones mantenidas por Carlos Somoza con colaboradores suyos en Alcor y también con personas ajenas a la empresa.

Después de revisar la transcripción de esas conversaciones, el juzgado de Monforte decidió abrir cinco piezas separadas de la principal. Los jueces recurren a esta medida cuando una investigación abierta genera información -a través de escuchas telefónicas, declaraciones de testigos o investigados o cualquier otra vía- que les hace sospechar que puede haber otros delitos no necesariamente ligados al tronco central de la causa.

Una de esas piezas separadas es la que ayer llevó a Somoza de nuevo al juzgado. En otra, figuraba como investigado el directivo de una mutua por posible filtración de información secreta a la empresa.

Fuente:La Voz de Galicia

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